Pérez Bueno, que estuvo acompañado por la presidenta del CERMIN (plataforma en Navarra) Mari Luz Sanz, explicó que con la iniciativa se propone una aplicación “más justa y realista” de la ley de autonomía personal y dependencia “con criterios de copagos claros y equitativos”. Mari Luz Sanz, por su parte, tras presentar la ILP animó a la ciudadanía navarra a firmar la iniciativa que necesita un mínimo de 500.000 firmas y cuya campaña concluye en principio a finales de julio, con posibilidad de ampliar el plazo tres meses más. El próximo abril el CERMI anunciará el número de firmas que se llevan ya recogidas.

 

El presidente del CERMI señaló que en el Estado hay unos cuatro millones de personas con discapacidad, de las que en torno al 20% (un millón) son dependientes. En Navarra, según los datos que maneja la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (Anap), de las 16.219 personas en situación de dependencia, 4.075 son personas con discapacidad que les lleva a una situación de grandes dependientes o dependientes severos (que son, en general, las que actualmente tienen derecho a las prestaciones del sistema de la dependencia), a los que se suman otras 2.430 con dependencia moderada, cuyo acceso al sistema se anuncia a partir de julio de este año.

 

El presidente del CERMI criticó que “el desarrollo de la ley de autonomía personal y dependencia no ha sido modélico en absoluto” y aseguró que “a veces dudamos si más que un avance ha sido una excusa para mantenernos en una cierta postración, en no reparar ese déficit que la sociedad tenía con las personas mayores y con discapacidad”. “Nos sentimos casi objeto de una cierta estafa porque las cuestiones que estaban en esa ley como derechos, esa protección social añadida, se ha visto apenas incrementada, apenas reforzada, por lo que hay un primer sentimiento de decepción, de estar defraudados con esa ley”, dijo Pérez Bueno, que también apuntó que la norma “ha tenido la mala suerte de toparse con esa gravísima crisis económica, con esas políticas de recortes y de austeridad extrema, que han llevado a un despliegue muy deficitario de lo que en principio se preveía”.

 

Luis Cayo Pérez Bueno recordó que la ley de autonomía personal y dependencia nació con copago, se sabía que las prestaciones no serían gratuitas, pero cuestionó que los grupos parlamentarios solo advirtieron cuestiones relativas al ámbito competencial de las CCAA pero no a la gratuidad. Precisó que la ley no decía en que términos se aplicarían los copagos y que cuando se aprobaron en 2008, el CERMI los recurrió por el rango normativo utilizado y que por ello no se aplicó la norma. Añadió que en 2012 se renunció a que el Estado desarrolle la norma y se otorga a las CCAA que regule. Destacó en este sentido, que hay comunidades como Madrid, Extremadura o Aragón, con gobiernos de distintas filiaciones políticas, que no aplican el copago a personas con discapacidad mayores de 65 años en situación de dependencia. , lo que en su opinión podrían permitirse otras CCAA como Navarra “sin gran esfuerzo” porque se ve que es viable, dijo. Añadió que, por contra, hay otras CCAA en las que se paga hasta el 90% del coste del servicio.

 

En este sentido, subrayó que con la ILP pretenden que queden exentas de pago personas que reúnen determinadas condiciones como tener unos ingresos inferiores a dos veces el IPREM (533 €) y que cada CCAA establezca los ingresos mínimos que deben respetarse a las personas dependientes con discapacidad.

 

Precisó respecto al contenido de la ILP que si bien podían haberse referido a otras circunstancias, como la que los dependientes solo puedan acudir a vía de recurso contencioso administrativo, más lenta y cara, para recurrir su Plan Individual de Atención (PIA) cuando no están de acuerdo, por ejemplo, “hemos centrado las demandas en lo mas virulento, en lo más grave y en lo que más protestas e insatisfacción está produciendo en las personas con discapacidad que tienen dependencia”, en referencia al actual sistema de copago por las prestaciones.

 

De este modo, la ILP se centra en el copago en el sistema de dependencia, como queda dicho, y propone, en una primera fase, fijar en la ley criterios esenciales del copago, normas claras. Entre ellos, defienden que “toda persona en situación de dependencia que tenga una capacidad económica inferior a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, menos de 1.332 euros, estaría exenta de copago, algo que significa que entre un 85% y un 95% de personas que actualmente están en el sistema de dependencia se verían liberadas del copago, unas exenciones que serían progresivas en función de la renta”. Asimismo, el Cermi persigue que “cada comunidad autónoma, respetado ese mínimo de 2,5 veces el IPREM, pueda, con cargo a sus propios recursos, establecer por decisión propia la gratuidad”.

 

Luis Cayo Pérez Bueno y Mari Luz Sanz lamentaron que no hay una estimación económica real del coste del copago y señalaron que en un principio se estableció que la dependencia se financiaría a partes iguales (33%) entre el Estado, las CCAA y los usuarios. “Pero el copago se ha exacerbado”. Añadió que las personas están sufragando ahora entre el 18%, el 22% y el 23% del coste”, precisó Luis Cayo quien aseguró que la exención de copago en los supuestos propuestos por el Cermi es asumible por el sistema

 

Mari Luz Sanz, por su parte, se encargó, además, de presentar el CERMIN, nueva marca con la que desde enero de este año se denomina la plataforma de la discapacidad en Navarra. A partir de enero de 2015, con la aprobación de los nuevos estatutos de la organización, el Cormin ha cambiado de nombre y ha pasado a denominarse Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra- Ezgaitasunaren bat duten Pertsonen Erakunde Ordezkarien Nafarroako Batzordeak (CERMI Navarra-Nafarroa, CERMIN), indicó la nueva presidenta elegida para los próximos cuatro años. La presentación tuvo lugar en el salón de actos de la ONCE, donde también tuvo lugar la primera sesión, a puerta cerrada, del nuevo Cermin.

 

 

Personas en situación de dependencia. Según la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (Anap), hay 13.220 personas en situación de dependencia (3.338 grandes dependientes; 5.066 dependientes severos; y 4.816 dependientes moderados). De ellas, 3.782 son personas con discapacidad mayores de 65 años (1.024 grandes dependientes, 1.486 dependientes severos y 1.272 dependientes moderados) y 2.899 menores de 65 años (646 grandes dependientes, 919 dependientes severos y 1.158 moderados).

 

¿Quién solicita valoración de dependencia? La Anap indica que las valoraciones de discapacidad y de dependencia se solicitan por separado. De hecho, añade la gerente de a Anap, Gemma Botín, para personas con discapacidad mayores de 65 años no se suele solicitar la valoración de discapacidad (solo 37%). Sin embargo para menores de 65 años el 94% presenta un grado de discapacidad superior al 33%. Por otro lado, aunque los dependientes moderados entrarán en el sistema el 1 de julio, hay algunos que ya reciben prestaciones que estaban antes de la ley, por ejemplo atención temprana y centros ocupacionales.

 

 

La directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (Anap), Gemma Botín, afirmó que en Navarra “la participación en el coste de los servicios no superará el 60% de precio de referencia (coste real del servicio)” y añadió que tiene un promedio del 29% de participación que oscila entre el 8% (CRPS) hasta el 48% (RAEM). Añadió que “se garantizará una cantidad mínima para gastos personales que será del 40% del IPREM”. El IPREM mensual es de 532,51 euros/mes (el 40% asciende a 213 €) y actualmente el libre disponible en pisos es del 52% y en centro de día, del 50%, según la misma fuente. En cuanto a las personas con discapacidad en situación de dependencia, según la Anap, sobre el total de 13.220 entre grandes dependientes, dependientes severos y moderados, hay 3.782 mayores de 65 años (el 37%) y 2.723 menores de 65 años, que constituyen el 94% de este tramo de edad.